Los controles democráticos son mecanismos de diversa índole que colaboran en la vigilancia de la democracia, en el señalamiento de sus omisiones y en la denuncia de sus errores y retrocesos. Han servido históricamente para mejorar y regular el funcionamiento de gobiernos y estructuras democráticas. Pueden ser institucionales o no institucionales, internos o externos a los estados democráticos e instrumentados de diversas maneras por la sociedad.
El origen de los controles democráticos, dice el historiador francés Rosanvallon, está en la natural desconfianza de los practicantes de la democracia hacia la democracia misma. Tan pronto como la sociedad elige a un gobernante, duda de su capacidad y su buen juicio y lo somete a constante supervisión. De la misma manera exige el cambio de reglas que siente perjudiciales y con ello contribuye a la transformación constante de los gobiernos pretendidamente democráticos. La “contrademocracia” afirma, es parte imprescindible de las democracias.
La expresión más inmediata del control es la crítica que ejerce el amplísimo conjunto de individuos informados y frecuentemente organizados a quienes se denomina como la sociedad civil o la ciudadanía. A través de la prensa, la radio o la televisión y, más recientemente del internet, ciudadanos, articulistas, tuiteros o asociaciones dan la voz de alerta cuando el gobierno comete errores, causa daños voluntaria o involuntariamente o no cumple con lo que prometió inicialmente. En inglés se ha acuñado el término de los whistleblowers (los “silbadores”) para designar a aquellos ciudadanos que, a través de asociaciones u otros grupos organizados, mantienen esa actitud vigilante frente al poder: a ellos corresponde alertar de injusticias y denunciar los actos de utilización indebida de la autoridad para generar ventajas económicas; son por ello elementos imprescindibles de la lucha contra la corrupción.
Las armas más importantes de la sociedad civil son hoy las redes sociales que les otorgan una plataforma abierta de intercambio de ideas y expresión de inconformidades. Rosenvallon afirma que nuevos poderes de “veto” y “obstrucción” limitan al poder y otorgan mayor capacidad de participación a los ciudadanos en las sociedades contemporáneas. A su vez, John Keane, quien ha investigado sobre el desarrollo histórico de las sociedades democráticas considera que la característica más relevante de las democracias contemporáneas es justamente el de ser “monitorizadas”, es decir, sujetas al escrutinio permanente de la sociedad.
A lo largo de la historia democrática, se han establecido controles institucionales para proteger a los gobiernos democráticos de los errores, fallas y problemas derivados tanto de su diseño como de los hombres que los encabezan. La división de poderes, como principio fundacional de las democracias es uno de esos controles, destinado a evitar la concentración de poder en un solo cuerpo y garantizar el equilibrio entre gobernantes, legisladores y juzgadores. Al igual que ese principio, otros dispositivos garantizan las condiciones de la elección de unos y otros, el papel del aparato de justicia, el funcionamiento de los parlamentos o el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Pueden ser leyes generales, reglamentos internos, códigos electorales y hasta costumbres arraigadas que operan para evitar excesos o injusticias y para ajustar el funcionamiento democrático a los cambios de época y de comprensión del mundo.
Un ejemplo que se ha ido afinando a través de los tiempos es el de la auditoría a los gastos gubernamentales, utilizada en distintas democracias y sujeta a distintos niveles de obligatoriedad, pero con el mismo sentido: obligar al gobierno a presentar un informe periódico de la forma en que se han utilizado los recursos de la nación. A ello se sumará la aprobación y vigilancia del presupuesto y, gradualmente, la aparición de diversos órganos y procedimientos para garantizar que el gasto se distribuya de la forma prevista y aprobada. La auditoría al gasto público es un ejercicio de “rendición de cuentas” (en inglés “accountability”) que en la práctica se hace extensivo al buen desempeño del gobierno en distintos niveles: desde la observancia de las reglas hasta la relación con la ciudadanía. Hasta muy recientemente, se consideró que la forma más segura de controlar el comportamiento gubernamental en una democracia basada en la competencia electoral era el voto, como instrumento de accountability. Es decir, mediante el voto la ciudadanía premiaba o castigaba el desempeño de los gobernantes o de sus partidos. Sin embargo, en la medida en que las sociedades se diversifican y reclaman un funcionamiento democrático más inclusivo y equitativo, un nuevo repertorio de control adquiere vigencia.
Entre las nuevas formas de monitoreo destacan aquellos mecanismos como la consulta ciudadana, la contraloría social, las mesas de diálogo o los consejos participativos, todos ellos calificados por algunos autores como espacios de “innovación democrática” y por otros más como “espacios de gobernanza”. Se trata de espacios de participación que rebasan la mera supervisión o vigilancia de acciones del gobierno, para colaborar en la atención de problemas concretos y que abren la puerta a la intervención social en el diseño, puesta en práctica y evaluación de políticas públicas. Pueden estar más o menos regulados y promovidos por los propios gobiernos nacionales o locales y sus decisiones y recomendaciones pueden tener diversos grados de incidencia sobre el funcionamiento gubernamental. Su diseño y manejo requieren, no obstante, de un esfuerzo doble por parte tanto de los representantes del gobierno como de los ciudadanos que participan en ellos para que su trabajo se realice con un mínimo de horizontalidad, inclusividad, tolerancia y trabajo deliberativo.
Por otra parte, desde mediados del siglo XX los controles democráticos empezaron a extenderse al ámbito internacional, fundados en la observancia de los derechos humanos y crecientemente, en la protección del planeta. La Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio tienen por objetivos conservar la paz o regular las economías de mercado, pero cada vez tienen mayores atribuciones relacionadas con el mantenimiento y vigilancia de las democracias. Hay organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de La Haya que se han convertido en referentes internacionales y en instancias a las cuales acudir cuando se agotan los recursos locales para solucionar problemas del funcionamiento democrático de un país y hay otras, de corte ciudadano que rebasan fronteras y que, junto con su carácter de whistleblowers internacionales, han adquirido fuerza moral y capacidad de sanción. Amnistía Internacional es un buen ejemplo de estas últimas.
Muchos gobiernos se resisten a aceptar los controles y el monitoreo. Acusan a los organismos internacionales de intromisión en su soberanía y niegan a las organizaciones sociales la autoridad para señalarles errores u omisiones o para recomendar cambios. En los países en que hay golpes de Estado o cambios autoritarios, los gobiernos antes se apoderaban de las estaciones de radio y televisión, hoy suspenden el Twitter y el Facebook. En sentido opuesto, mientras mayor es el autoritarismo y la intolerancia, los controles tienden a asumir la forma de movilizaciones sociales ya sea para poner de relieve un problema sensible o para defender de la extinción a la democracia misma. Ejemplos son el movimiento sufragista que denunció la desigualdad básica entre hombres y mujeres manifestada en la prohibición del voto femenino; la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos que derribó las barreras impuestas a la población de color, o la resistencia de las poblaciones locales durante el auge del fascismo europeo. Quienes han estudiado el tema incluyen por ello a la disidencia, la oposición política y la resistencia popular como mecanismos históricos de control democrático.
Tanto estos últimos mecanismos extremos como los distintos espacios de participación ciudadana, las redes sociales, la opinión de articulistas, los grupos organizados de la sociedad civil, o incluso la resolución de un juez actúan como expresiones diversas y no necesariamente coincidentes de la voz de una sociedad que defiende sus derechos frente a las tendencias monopolizadoras del poder. Muchas veces en la historia esa voz ha sido acallada por la intolerancia y el ejercicio vertical de la autoridad. Pero escucharla o integrarla en procesos permite corregir errores a tiempo y ampliar los alcances de las democracias más allá de límites que parecen insuperables.
Bibliografía mínima
Gurza-Lavalle, A. y Isunza, E. (2010). Precisiones conceptuales para el debate contemporáneo sobre la innovación democrática. En A. Gurza-Lavalle & E. Isunza (eds.), La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social (pp. 19-82). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Universidad Veracruzana.
Keane, J. (2018). Vida y muerte de la Democracia. Fondo de Cultura Económica.
Keane, J. (2018). Power and Humility, The Future of Monitory Democracy. Cambridge University Press.
Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia,. La política en la era de la desconfianza. Manantial.
