El concepto democracia participativa hace referencia al conjunto de espacios y mecanismos donde ciudadanas y ciudadanos pueden incidir y decidir sobre asuntos públicos de su incumbencia, más allá de la actividad propia de los representantes.
El adjetivo “participativa” aplicado al sustantivo “democracia”, supone que la participación ciudadana en procesos decisorios no es una condición necesaria ni suficiente de la existencia de un régimen democrático. No obstante, en presencia de regímenes democráticos –caracterizados por gobiernos electos a través del sufragio universal, libre, secreto e igualitario a través de procesos electorales recurrentes e íntegros–, el atributo de la participación ciudadana supone una menor distancia entre el gobierno de los representantes y las preferencias de quienes los seleccionan para hablar y tomar decisiones en su nombre.
Para Bovero, hay dos formas de entender la democracia como poder (krátos) del pueblo (demos). En clave representativa, la democracia supone el gobierno de los más capacitados que toman decisiones en nombre de la nación. Sin embargo, una segunda acepción entiende a la democracia como el poder de la mayoría. Dicho de otra forma, el gobierno de la clase no-noble de la sociedad. La idea moderna de democracia participativa representa una amalgama de ambas concepciones.
La democracia participativa puede hacerse efectiva a través de mecanismos electorales o deliberativos. Los primeros implican que la ciudadanía acude a las urnas para decidir por opciones de políticas previamente diseñadas y presentadas de manera dicotómica por las autoridades (por ejemplo, “¿Está o no de acuerdo con la despenalización del aborto?”). Por su parte, los espacios deliberativos son diseñados para que ciudadanas, ciudadanos, representantes de actores sociales y autoridades políticas se involucren en procesos de diálogo y escucha activa para decidir entre todos, las mejores respuestas a los problemas públicos. Si bien estos mecanismos pueden ser meramente consultivos (no siempre las decisiones son vinculantes o mandatorias para las autoridades), la acción comunicativa “habermasiana” es un componente fundamental de estos espacios, que está ausente en el caso de los mecanismos electorales (también conocidos como mecanismos de democracia directa: MDD).
La idea que postula esta propuesta es que la democracia participativa –específicamente cuando adquiere el formato deliberativo– implica un salto de calidad (y complejidad, ciertamente) para el funcionamiento del régimen democrático; supone pensar y vivir la democracia en tercera dimensión (D3D). Si bien la realidad tridimensional es más difícil de concebir mentalmente, convivimos con ella todo el tiempo. Tal como lo postuló Condorcet, un régimen político con mayor cantidad de espacios de participación e interacción social, será también más representativo, y más satisfactorio para la ciudadanía.
La democracia en 3D
Una concepción unidimensional implica pensar al régimen democrático como aquel conjunto de instituciones que garantizan la participación ciudadana en la elección de sus representantes. Los votos son “piedras de papel”, que resuelven pacíficamente el conflicto político. Przeworski popularizó esta imagen para defender una noción mínima de democracia en la que gobiernos electos por el voto ciudadano se sucedían regularmente en el poder bajo el supuesto de que cualquier alternativa (golpes de estado o procesos de autocratización) era indeseable en el largo plazo, y por tanto irracional. Para Przeworski, las elecciones periódicas y la alternancia de representantes en el poder, son condiciones suficientes para la existencia de regímenes democráticos.
Sin embargo, el abuso de poder existe. Esta constatación llevó a Robert Dahl a imaginar la democracia como una poliarquía. Un régimen político donde diversas instituciones controlan al gobierno, lo someten al escrutinio del debate público, y le exigen cuentas a través de organismos de contraloría, especialmente constituidos con ese fin. Esta concepción de democracia es bidimensional (2D): supone, por un lado, una amplia participación ciudadana eligiendo a sus representantes a través de elecciones regulares, y por otro, la existencia de mecanismos de contestación al poder, que impiden su uso abusivo por parte de los gobernantes electos.
Finalmente, la democracia participativa –no sólo a través mecanismos electorales como los plebiscitos o referéndums, sino fundamentalmente a través de espacios de consulta, deliberación y decisión como los presupuestos participativos o los foros ciudadanos– implica pensar a los regímenes democráticos en tercera dimensión (3D). Bajo esta lógica, una mayor calidad democrática requiere de interfaces gobierno-sociedad, donde los procesos de incidencia tengan lugar. Más allá de los espacios institucionales de rendición de cuentas propios del modelo representativo, las interfaces socio-estatales permiten que los ciudadanos sean parte de la historia democrática de una comunidad política. La democracia 3D supone –para la ciudadanía– dejar de asistir al devenir de la historia social como meros espectadores que emitirán su juicio al final de la proyección, y participar de la trama como protagonistas.
Lejos del concepto del “ciudadano total” con que Bobbio designó a los “revolucionarios”, la democracia participativa promueve ciudadanos más atentos, informados, e involucrados en los asuntos públicos que los típicos perfiles desafectos, propios de nuestras sociedades de consumo y opinión. Individuos que quieren, saben y pueden participar en decisiones colectivas sobre temas que afectan sus vidas, sin limitar su esfera privada ni sus intereses particulares.
A modo de cierre…
Valdría la pena preguntarnos entonces, a partir de estas tres concepciones –la democracia como elecciones (D1D), la democracia como poliarquía (D2D), o la democracia participativa (D3D)–, en qué tipo de democracia vivimos y cuál es el modelo que guía nuestras aspiraciones y diseño institucional. Nuestras respuestas dirán mucho acerca de la calidad y complejidad del régimen democrático en que vivimos, y ofrecerán indicios del destino elegido por nuestras autoridades y por nosotros –ciudadanos– como fuentes de legitimidad.
Bibliografía
Bobbio, N. (2000). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.
Bovero, M. (2002). Una gramática de la democracia. Trotta.
Dahl, R. (1989). La poliarquía. Participación y oposición. Tecnos.
Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.
Isunza Vera, E. & Gurza Lavalle, A. (2010). Precisiones conceptuales para el debate contemporáneo sobre la innovación democrática: participación, controles sociales y representación. En E. Isunza Vera & A. Gurza Lavalle (coords.), La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social (pp. 19-84). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Universidad Veracruzana.
Przeworski, A. (2003). Minimalist Conception of Democracy. A Defense. En R. Dahl, I. Schapiro & J. A. Cheibub (eds.) The Democracy Sourcebook (pp. 12-17). Massachusetts Institute of Technology.
Viejo, R., Martí-Costa, M., Parés, M., Resende, P. E. R. & Vilaregut, M. (2009). La participación ciudadana en la esfera pública: enfoques teórico-normativos y modelos de democracia. En M. Parés (coord.), Participación y calidad democrática: evaluando nuevas formas de democracia participativa (pp. 29-54). Ariel.
