Libertad e igualdad

Los conceptos de libertad e igualdad forman parte de nuestro léxico político, de una manera fundamental y necesaria. Recordemos que formaron parte, junto con la fraternidad, de los tres ideales que surgieron en la Revolución Francesa en 1789. Con la fuerza de siempre, siguen formando parte de nuestro lenguaje político y económico.

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Libertad

Podemos definir la libertad como la presencia de un mayor número de alternativa para elegir nuestros planes de vida y para buscar los medios racionales que nos lleven a ellos. Entre más alternativas tenga una persona, más libre es.

También podemos destacar dos aplicaciones de la libertad que nos llevan a distintas versiones políticas. Estas versiones están basadas en una manera de considerar al Estado y, finalmente, tienen que ver con ciertas concepciones de la democracia. Estas son: la libertad negativa y la libertad positiva.

Ser libre en el sentido negativo, significa no sufrir la interferencia de los otros. Cuanto más grande sea el área en la que alguien pueda actuar sin sufrir una interferencia, más amplia es su libertad. Sin embargo, los seres humanos tienen intereses que chocan entre sí, persiguen fines o metas que pueden entrar en conflicto con las metas y los fines de los otros, por esta razón es necesario que las acciones libres de los hombres sean reguladas por un sistema de leyes. Éstas se han hecho para proteger el ejercicio de las libertades de los individuos y permitir que convivan entre sí.  Estas leyes que aplica el Estado se ocupan de problemas con las interferencias en un sentido amplio. No sólo cuando se ejerce una violencia física sino cuando, por ejemplo, no se cumplen los contratos, cuando hay invasiones de propiedades, cuando no existe un debido proceso, es decir, cuando, sin ninguna razón, se restringen las alternativas de las personas. Por ejemplo, una manera de ejercer la libertad negativa es garantizar la libertad de expresión.

Por otra parte, ser libre en sentido positivo, es considerar a los individuos como seres autónomos, es decir como seres que son capaces de llevar a cabo ciertas metas. La diferencia entre esta libertad y la negativa es la necesidad legal que establece cualquier estado para que, se otorguen a los ciudadanos los medios necesarios para ser ellos mismos y no depender de fuerzas externas. Por ejemplo, no es suficiente garantizar la libertad de expresión, es necesario emplear los medios que sean necesarios para que las personas puedan leer y escribir y, mediante ello, ejerzan su libertad de expresión.

Ahora bien, dentro de todos los ideales que se encuentran en la libertad, hay uno que fue fundamental, la libertad económica. Este ideal se fue forjando como una medida para evitar que los Estados tomaran decisiones de carácter económico cuando se pensaba que son los propios individuos los que, actuando por beneficio propio, lograban enriquecer los acuerdos sociales. Lo que se concibió al proponer esta clase de libertad se encuentra en la frase “vicios privados, virtudes públicas”. Por ejemplo, se pensaba que los ciudadanos no hacían las cosas por altruismo o para conseguir el bien común, sino que las hacían por interés propio y esto generaba un mecanismo ideal para el desarrollo de la economía. El mecanismo para intercambiar los bienes fue el mercado.

Lo que sucedió con el desarrollo de la libertad económica es que generó una gran desigualdad. Esto se debe a que las personas tienen diferentes habilidades, nacen en medios sociales distintos, tienen diferentes capacidades y las alternativas que se les presentan para desarrollar su libertad son, a veces, muy escasas. Las consecuencias de estos fenómenos propiciaron reflexiones sobre las formas distintas en que un Estado puede mitigar las desigualdades.

Igualdad

Para entender lo que es la igualdad es necesario distinguir cuatro maneras de concebirla: la política, la legal, la social y la económica. Después de la Revolución Francesa, se incluyeron en el glosario de ideas, la igualdad política y la legal.  Por igualdad política se entendió la garantía de las personas a votar por sus representantes. Esta idea fue desarrollándose y, si bien en el siglo XVIII y a finales del XIX, para votar se requería ser propietarios de tierras y ser hombres, fue en el XX cuando se institucionalizó  el voto universal. La igualdad política también garantizó el derecho de los ciudadanos a ocupar un puesto relevante en las principales instituciones políticas de un país.

Por su parte, la igualdad legal garantizó que las personas, en caso de tener un problema, tuvieran un juicio justo evitando arrestos arbitrarios. La igualdad social se refiere a la abolición de los títulos de nobleza y privilegios por la clase social, la raza o la religión a la que se pertenece.

Ahora bien, si las instituciones políticas pueden garantizar un elemento mínimo para cada forma de igualdad, las diferencias en salario e ingreso pueden producir rezagos en lo político, lo legal y lo social. Es posible ver cómo afecta la desigualdad económica en el orden político. Por ejemplo, en México, hay muchas personas que viven en lugares muy lejanos a las casillas electorales y es imposible que acudan a votar, también se les dificulta tener información sobre las propuestas políticas de los candidatos y, por último, en ocasiones venden su voto ante alguna oferta económica.

En lo que respecta a la igualdad legal, también se ha observado que los mecanismos de acceso a las instancias judiciales se encuentran en una situación inversamente proporcional a la situación económica de las personas. Por su parte, la desigualdad social está relacionada con la desigualdad económica, en muchos países existen personas que no cuentan con un acta de nacimiento o una credencial de elector, lo que hace que no puedan ejercer ciertas acciones que les permitiría considerarse como ciudadanos.

Por estas razones es necesario atacar las desigualdades económicas teniendo claro cómo consideramos a las personas, cuáles son los objetos que vamos a distribuir y cómo vamos a elegir a los mecanismos de un proceso distributivo. Esto se llevará a cabo de tal manera, que se pueda llenar, para luego aplicar, el principio: “a cada uno, según sus…”.

Existen teorías de la justicia distributiva que han respondido de distinta manera. Sobresalen los bienes primarios, las capacidades, los recursos, las necesidades y el mérito por mencionar algunos.

Un sistema distributivo justo ayudará a disminuir las desigualdades económicas, lo que impactará positivamente a las desigualdades sociales, legales y políticas.

Un Estado democrático debería brindar varias alternativas a las personas garantizándoles el ejercicio, tanto de la libertad negativa, como la positiva. También, debe combatir las desigualdades, empezando por las que generan necesidades básicas no satisfechas. Cuando los ciudadanos gocen de alternativas para ejercer su libertad y tengan la posibilidad de disminuir sus condiciones desiguales, podrán ser verdaderos agentes de una democracia.

 

Bibliografía

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