Responsividad

La responsividad es uno de esos conceptos que se utiliza ampliamente tanto en la academia como en el discurso político (aunque no sea de manera directa) pero que es difícil de definir. Si a esto se aúna que no existe una traducción exacta al castellano del concepto “responsiveness”, al cual hace referencia “responsividad”, la discusión se vuelve compleja. Se opta por el término responsividad para hacer referencia en términos generales a la “capacidad para responder” de un gobierno. Con la intención de clarificar y comprender mejor este concepto, se ofrece la siguiente definición general: la responsividad se presenta cuando un gobierno es capaz de captar demandas de sus ciudadanos (entendidos tanto como mayorías como grupos no mayoritarios) y de ofrecer respuestas que abonen a la atención concreta de esas demandas de manera favorable, en el marco de un horizonte temporal de corto plazo. A continuación se presenta un breve recorrido de cómo se llegó a esta definición.

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Antecedentes

En Ciencia Política, se pueden ubicar trabajos clásicos como los de Pitkin (1967, 1989) y Dahl (1989) en donde se encuentran referencias a la responsividad como la capacidad de un gobierno para atender a sus ciudadanos. Esta definición amplia de la responsividad pone en la mesa dos preguntas: por un lado, ¿qué se entiende por esos ciudadanos a los que se debe atender? y por otro, ¿cómo identificar lo que se debe atender? Ambos cuestionamientos sirven como punto de partida para ubicar las distintas formas en las que se ha tratado de definir la responsividad.

En lo que respecta a los ciudadanos, se identifican dos posturas: aquellas en las que un gobierno se debe enfocar en atender las demandas de las mayorías y aquellas que también consideran que las demandas expresadas por grupos no mayoritarios deben recibir la misma atención. En cuanto a lo que se debe atender, también se pueden identificar dos caminos: las posturas que plantean que un gobierno se debe enfocar en atender preferencias generales (usualmente pensadas como emanadas de las mayorías) o enfocarse aquellas que plantean que también en la atención de demandas particulares (emanadas desde grupos no mayoritarios pero no por eso menos importantes).

Perspectivas teóricas de la responsividad

Perspectivas electorales y desde la representación: estas perspectivas se apegan a la definición más clásica y amplia de la responsividad, planteada como la capacidad de un gobierno para hacer lo que sus ciudadanos prefieren. Desde esta visión, la atención de preferencias está ligada con el principio de mayoría que se manifiesta a través de las elecciones. Así, los ciudadanos, primero desde su rol como votantes/electores, tendrán la capacidad de emitir preferencias, necesidades y demandas que llevarán a ciertos candidatos a captarlas y transformarlas en una plataforma electoral. Esta misma capacidad de captación de demandas tendrá como efecto esperado que estos votantes/electores lleven a estos candidatos a puestos de representación y desde ahí, procedan a atender dichas preferencias, necesidades o demandas para así garantizar su permanencia en el poder (ya sea por reelección de una persona en particular o por la permanencia del partido político). Es decir, desde estas visiones, un gobierno será responsivo (y por ende representativo) para ganar elecciones y las elecciones se ganan con las mayorías (Cantú Ramos, 2019).

Perspectivas desde la participación no electoral: estas perspectivas consideran que si bien la responsividad es la capacidad de un gobierno para atender las demandas de sus ciudadanos, no se puede restringir el entender a los ciudadanos como mayorías y las demandas a atender no solo emanan de procesos electorales. Para estas perspectivas, un gobierno debe poner igual atención a las demandas específicas que surgen de grupos no mayoritarios que utilizan otro tipo de mecanismos para su manifestación como por ejemplo movimientos sociales y otras formas de acción colectiva (Cantú Ramos, 2019).

Adicional a lo previamente discutido, existen también otras perspectivas interesantes para pensar la responsividad. Por ejemplo, desde los estudios de la Administración Pública, la responsividad se ha destacado como un elemento clave del proceso de producción de resultados no sólo de una autoridad electa, sino de todo el entramado de funcionarios públicos dentro de la estructura administrativa de un gobierno. Estas perspectivas consideran a la responsividad como un producto del proceso burocrático-administrativo. Finalmente, se destaca otro conjunto de estudios que ha retomado el concepto de responsividad como parte de una serie de elementos para explicar un concepto más amplio: la calidad de la democracia. Desde esta perspectiva, la responsividad representa la dimensión de “resultado” al momento de evaluar la calidad de un gobierno democrático: si es responsivo –y cada autor/a asume una postura sobre cómo medir la responsividad– entonces estará bien evaluado en la dimensión de resultado en términos de calidad democrática (Cantú Ramos, 2019).

Hasta ahora, las perspectivas discutidas consideran a la responsividad como atributo de un gobierno o de su aparato administrativo. Sin embargo, también destacan análisis que consideran a la responsividad como un atributo de actores del proceso político como los partidos. Así, los estudios de la responsividad de los partidos políticos se concentran en estudiar la capacidad de éstos para seguir las preferencias de sus militantes o del electorado en general y los incentivos o motivadores para actuar de una forma u otra. Igualmente, se han discutido perspectivas que entienden a la responsividad como un atributo esencial de los gobiernos democráticamente constituidos. No obstante, existen análisis que argumentan que los gobiernos no democráticos también tienen ciertos incentivos para ser responsivos en cierta medida ante sus ciudadanos (Cantú Ramos, 2019).

La responsividad en las no democracias asume la forma de un mecanismo de obtención de información sobre el estado de una sociedad que los gobiernos utilizan para mantener el control. Lo que estos análisis plantean es que incluso en contextos no democráticos (en donde no existe un vínculo representativo entre ciudadanos y representantes porque no hay elecciones o donde este vínculo es más simulado que real), los gobiernos proporcionan cierto grado de responsividad motivados por la necesidad de mantener controlada a su población: minimizar amenazas de movilizaciones sociales que amenacen la estabilidad, evitar que ciertos problemas escalen a niveles poco controlables, mantener cierto nivel de apoyo a políticas concretas que se quieren implementar con poca resistencia (Cantú Ramos, 2019).

Responsividad y otros conceptos afines

Teóricamente, la responsividad es considerada como una evidencia de un gobierno representativo y está asociada a conceptos como la rendición de cuentas y la responsabilidad. En lo que respecta a la rendición de cuentas, se puede entender en términos generales como aquello que sucede cuando un actor tiene la capacidad de que otro actor explique, justifique, y se responsabilice por sus acciones emprendidas y además asuma las consecuencias (sanción o recompensa, por ejemplo) (Schedler, 1999; 2007). Al menos desde el punto de vista electoral, responsividad y rendición de cuentas están vinculadas al considerar a las elecciones como un mecanismo de rendición de cuentas. Es decir, mientras más responsivo haya sido un gobierno, tendrá la capacidad de rendir mejores cuentas en las elecciones y asegurar la recompensa de la victoria. Y al revés, entre menos responsivo haya sido, rendirá malas cuentas y podrá ser sujeto al castigo de la derrota electoral. Se puede decir entonces, que estos conceptos están relacionados en la medida en que ambos hacen referencia a la idea del control que los ciudadanos pueden ejercer sobre los gobernantes evaluando las respuestas que éstos despliegan (responsividad) y premiando o sancionando en función de las mismas (rendición de cuentas).

Por otro lado, el concepto de responsabilidad hace referencia a la serie de reglas y procedimientos que constriñen el actuar de un gobierno democrático. Mair plantea que un gobierno es responsable cuando actúa “prudente y consistentemente y que siga las normas tanto en procesos como en prácticas. Esto también significa apegarse a los compromisos asumidos por sus predecesores y acatar los acuerdos que éstos han creado con otros gobiernos e instituciones. En otras palabras, la responsabilidad implica que, en ciertos procedimientos, ‘las manos’ de los líderes están atadas” (2009: 12). Planteada de esta manera, la responsabilidad se vislumbra como un atributo de las democracias que estará en constante tensión con la responsividad, en donde el horizonte temporal de las acciones juega un papel distintivo entre una y otra. Un gobierno será considerado responsivo en la medida en que atiende a sus ciudadanos y si se tiene en cuenta el horizonte electoral, esta respuesta tiene que ser en el corto plazo, con acciones que sean redituables en términos electorales; esto incluso a costa de no seguir las normas o procesos establecidos, es decir, a costa de lo responsable.

El reto de la responsividad democrática

En un intento clarificador, se ofreció al inicio una definición de responsividad que trató de recuperar las ideas seminales de Pitkin y Dahl, pero presentó algunas especificaciones de sus elementos con la intención de reflejar la complejidad de las democracias actuales en donde los ciudadanos asumen diversas formas de manifestarse y exigir a sus gobiernos acciones concretas para la solución de problemas.

El gran reto de las democracias y que se deja abierto a discusión es el balance que debe haber entre responsividad y responsabilidad. ¿Cuáles son los costos de ser responsivo y no responsable y viceversa? ¿Cómo puede un gobierno democrático ser responsivo y ser responsable? ¿Qué rol juega la rendición de cuentas en la relación entre estos dos conceptos? Estas preguntas abren caminos interesantes para este debate que, sin duda, está más vigente que nunca en las democracias.

 

Referencias

Cantú Ramos, G. A. (2019). Responsividad democrática: distintas aproximaciones a un concepto con un amplio potencial. Política y gobierno, 26(2), 237-259.

Dahl, R. (1989). Poliarquía: Participación y oposición. Editorial Tecnos.

Mair, P. (2009). Representative versus Responsible Government (documento de trabajo 09/8). Max Planck Institute for the Study of Societies. https://www.mpifg.de/pu/workpap/wp09-8.pdf 

Pitkin, H. (1967). The Concept of Representation. University of California Press.

Pitkin, H. (1989). Representation. En T. Ball, J. Farr y R. L. Hanson (eds.), Political Innovation and Conceptual Change. Cambridge University Press.    

Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. En A. Schedler, L. Diamond y M. F. Plattner (eds.), The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Lynne Rienner Publishers.

Schedler, A. (2007). ¿Qué es la Rendición de Cuentas? Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

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